La toma del Palacio de Justicia, registrada entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 por el M-19, es uno de los hechos que más ha impactado a Colombia en su historia, ya que en el operativo para recuperar este lugar murieron más de 90 personas y 11 desaparecieron
Más de 38 años han pasado desde que 35 miembros del grupo guerrillero ingresaron al Palacio de Justicia con el objetivo de enjuiciar al entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, al que acusaban de incumplir un cese al fuego firmado en agosto de 1984; sin embargo, aún hay preguntas que no han sido resueltas
La mayoría de ellas son por parte de los familiares de las víctimas, ya sea de quienes murieron en el lugar o de los que años más tarde fueron encontrados en fosas comunes, ya que de las 94 personas muertas solo fueron identificadas 68 y se especula con que no todos fueron asesinados por el M-19..
Uno de estos casos es el del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, que según declaró la Comisión de la Verdad en 2002, la bala que lo asesinó no era del grupo guerrillero, sino del Ejército Nacional.
De la misma forma, el siete de marzo de 2024 se ha vuelto a encontrar una nueva irregularidad, puesto que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), por medio de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, halló el cuerpo de un magistrado asesinato durante la toma en la tumba de uno de los escoltas de Alfonso Reyes Echandía, que también murió en ese hecho.
Se trata del magistrado Alfonso Patiño Rosselli, que junto a tres de sus colegas fueron, según la información oficial, asesinados durante la toma; sin embargo, el cuerpo que sus familiares visitaron hasta 1997 —cuando fue exhumada la tumba—, no era de Patiño Roselli, ya que sus restos fueron encontrados en la tumba del sargento de la Policía Nacional Jaime Benítez Prieto.
Durante las investigaciones que buscan encontrar los restos de las personas desaparecidas durante la toma, en 2017 se ordenó que la tumba de Benítez Prieto, que se encontraba en el cementerio del Apogeo, fueran exhumados y en 2024 fue confirmado que en realidad se trataba del cuerpo del magistrado Patiño Roselli.
“En las labores de identificación de las víctimas del Holocausto, la Fiscalía determinó que existían irregularidades en el acta de levantamiento y en la necropsia de estos restos y por eso en el 2017 se hace su exhumación, en coordinación con la familia de Benítez. Al hacer la prueba de ADN, se constata que no corresponde al sargento Benítez, pues no existía correspondencia con las muestras entregadas por los hijos de la víctima.”, informó el colectivo de abogados.
El abogado José Alvear Restrepo, que es director y fundador de Cajar, afirmó que este no ha sido el único cuerpo encontrado en una tumba diferente, lo que demuestra que el procedimiento realizado por las autoridades en 1985 fue ilegítimo.
“Este manejo irregular, dado por la Justicia Penal Militar y por la fuerza pública, es ilegítimo, ilegal y de una maldad superior, es decir, engañar a los familiares. Concluimos que la escena del crimen fue totalmente adulterada; luego de que termina la acción, concentran los cuerpos en el cuarto piso, los incineren y después entregan los restos al azar a los familiares y en el proceso se ha demostrado que hay casos en los cuales en una fosa se concentran partes de 6 o 7 cadáveres”, afirmó el jurista.
De la misma forma, para el colectivo de abogados esto es otra prueba de que la intervención de las autoridades fue con el objetivo de tener una victoria militar y no cuidar la vida de las personas, ya que este caso se suma a los ya conocidos sobre la alteración de la escena del crimen y documentos públicos falsos, por los que hay cuatro militares condenados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2014.
La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 tenía como objetivo enjuiciar al presidente de Colombia, Belisario Betancur, al que acusaban de incumplir el cese al fuego – crédito Colprensa
