Fiscalía acusó a tres empresarios por escándalo de Centros Poblados

Parte de los 70 mil millones de pesos fueron destinados para comprar vehículos, propiedades y pagar préstamos

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres de los señalados implicados en las
maniobras ilícitas detectadas en el millonario contrato suscrito entre Centros Poblados y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), con el propósito de
llevar internet a las escuelas rurales del país.

De acuerdo con el material de prueba, el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor
de seguros Juan José Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal,
enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras
que Juan Carlos Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

Fiscalía acusó a tres empresarios por escándalo de Centros Poblados
Imagen de Ottomar Lascarro Torres durante la audiencia de acusación

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción
permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro
Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros
Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para
quedarse con el contrato de conectividad.

Fiscalía acusó a tres empresarios por escándalo de Centros Poblados
Imagen de Juan José Laverde durante la audiencia de acusación

De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron
la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por 70.000 millones
de pesos.

La evidencia da cuenta de que parte de estos dineros fue destinada a otros asuntos que no
correspondían al objeto de contrato. Por una parte, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron
destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros;
mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago
de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas
de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.

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